Consejo Provincial de Educación Superior

En el marco de las funciones que nos confiere la Ley 13688 en su artículo 30 al instituir este Consejo, hemos planteado en muchas oportunidades que la asimilación a lógicas de otros niveles coloca a los institutos superiores en problemas de gestión. Es difícil aceptar que el mismo sistema que resuelve y norma no considere, al hacerlo, las particularidades que constituyen la esencia de la respuesta formativa de la educación superior de la provincia. Indudablemente estamos ante una fragmentación en las miradas de la administración del sistema y no podemos desde nuestro rol de voz y parte de la educación superior, además de advertir sobre las situaciones que se provocan, manifestar que es imprescindible resolver estas cuestiones en términos de una política de consideración de las diversidades que nos configuran y que son en pos de una inclusión de hechos y no de palabras.
Por eso es necesario:
• Establecer como fecha de carga de mis alumnos para la educación superior un plazo que se extienda hasta el 31 de mayo como mínimo.
• Plantear que en el marco de garantizar la continuidad pedagógica se estableció un ciclo 2020/2021 y eso se expresa en un calendario real que se encuentra desarrollando trayectos pedagógicos alternativos hasta el 30 de abril.
• Señalar que esa situación provoca que el inicio del ciclo 2021 no pueda realizarse antes del 3 de mayo próximo siempre y cuando las instituciones matriculen la última semana de abril.
• Indicar que por estas cuestiones debe considerarse para todas las acciones estatutarias de ceses o cierre de cursos ese 30 de abril u otra posterior.
• Que a su vez es necesario que a la brevedad estén en territorio los CUPOF correspondientes para las designaciones de docentes para que efectivamente puedan estar frente a sus cursos en la primera semana de mayo.
• Resolver la cobertura de cargos pendientes (preceptores, jefes de área y o directivos) porque la tarea formativa virtual exige tanto o más tiempo y traba-

jo que la presencialidad y estas faltas resienten la calidad de gestión y recarga el trabajo de quienes si están designados.

Estas cuestiones no son consecuencia de una crisis producida por la pandemia sino de una mirada del propio sistema que no tiene en cuenta a una de sus partes constituyentes. Es difícil comprender para los que formamos parte, pero mucho más difícil es explicar a las comunidades que la DGCYE desconoce las características de un nivel que la constituye.

Por otra parte, las situaciones que determinan las tomas de decisiones situadas en diálogo con otros actores del propio territorio muestran la necesidad de fortalecer la organicidad representativa de los actores y órganos colegiados del nivel por lo que es urgente acompañar y promover ese dinamismo tanto en la escucha, en la construcción de respuestas como en la gestión de las políticas propias del nivel por sobre otros modos de gestión general y centralizada. Si defendemos el derecho y la garantía de la educación para todos; si defendemos la ley y la norma, es necesario hacerlo en los hechos de gobernabilidad de las instituciones y el desarrollo de sus funciones. La educación superior necesita se le respete su propia lógica.

Desde el territorio, 7 de abril de 2021.-

Consejo Provincial de Educación Superior
de la Provincia de Buenos Aires